La Red Yaguareté celebró hoy la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ordenar al gobierno de Salta suspender todas las ejecuciones de desmonte y tala de bosques nativos ya autorizadas en el norte de la provincia. Pidió también la realización de un estudio del impacto ambiental acumulativo de la deforestación, que la provincia y la Secretaría de Ambiente de la Nación deberán elaborar en 90 días.

El fallo, que lleva la firma de seis de los siete ministros, amplía la medida cautelar dispuesta el 29 de diciembre pasado, a pedido de comunidades indígenas y pequeños productores criollos de los departamentos de Santa Victoria, Orán, San Martín y Rivadavia. Entonces, la Corte había frenado sólo los desmontes aprobados durante el último trimestre de 2007 cuando, tras la presión de las organizaciones ambientalistas y de casi un millón de firmas, el Congreso estaba por sancionar la Ley de Bosques.

El 18 de febrero pasado, en una audiencia pública, los jueces interpelaron duramente a los funcionarios salteños y pidieron precisiones al secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni. Los ministros demostraron un exhaustivo conocimiento de la problemática, en especial el presidente, Ricardo Lorenzetti, quien es autor del libro Teoría general del derecho ambiental. De inmediato, los demandantes pidieron a la Corte que ampliara la suspensión a todos los desmontes aún no ejecutados, lo que fue concedido en el fallo de ayer.

La sentencia aplica por primera vez el principio precautorio, contemplado en la Ley General del Ambiente: "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".

La Corte destacó que, si bien la provincia otorgó esos permisos teniendo en cuenta el impacto ambiental de cada desmonte, "no se ha efectuado ningún estudio relativo al efecto acumulativo de todas las autorizaciones". Entre 1998 y 2007 se aprobó el desmonte de aproximadamente 1,2 millón de hectáreas en toda Salta –435.400 sólo durante 2007–, lo cual, según entendieron los jueces, tendrá un efecto negativo sobre el ambiente.

Señalaron que muchas de las áreas donde se aprobaron desmontes "pueden ser ahora categorizadas como de alto valor de conservación" según la Ley de Bosques. Esto configura "una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras".

Por lo tanto, y aplicando el principio precautorio, no se podrá voltear árboles en esos cuatro departamentos hasta que no se conozca el impacto acumulativo de la tala y el desmonte sobre el clima, el paisaje, el ambiente en general, y las condiciones de vida de los habitantes.

Ese estudio deberá ser realizado por la provincia de Salta junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación.